Balance provisional, pues se trata de un proceso aún en curso, si nos referimos al recuerdo colectivo de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Nos da pie a ello una reciente entrevista de El Diario con el Secretario de Estado de memoria democrática (MD), Fernando Martínez, qué probablemente se enmarca en los actos del 50 aniversario de la muerte del Franco. Un momento oportuno para reflexionar sobre esta cuestión.
El proceso ha avanzado con retraso, mucho retraso, como reconoce el propio Martínez. Vale de muestra que los reyes de España hayan esperado hasta ayer para conmemorar a las víctimas del campo de Mauthausen (al menos la organización tuvo el detalle de poner una bandera republicana junto a la otra, no como en la visita de una ministra en 2019). Además, recordemos que el 20 de noviembre de 2002 el Congreso instaba a los poderes públicos a formular una política de estado de memoria democrática y a atender las demandas de las víctimas de la Guerra civil y de la Dictadura, especialmente en lo relativo a la búsqueda y exhumación de fosas comunes. Esta declaración, después de 25 años de transición democrática, era ya muy tardía, pero su implementación se hizo esperar aún más. Sólo en 2007 sale la primera ley, muy incompleta, que ha tenido que ser reformulada 15 años después. Por fin se puede decir que hay una política de estado de Memoria Democrática -MD- y Fernando Martínez es su principal responsable. Pero por el camino han quedado muchos afectados que no han visto atendidas sus demandas.
Por suerte, estas tareas habían sido asumidas mucho antes por la sociedad civil y los familiares de las víctimas, sin apoyo institucional alguno. Y aunque se dice, por ejemplo, que la primera exhumación de fosas “con métodos científicos” se hizo en Priaranza del Bierzo en el 2000, desde la transición, e incluso antes, se venían haciendo en muchos lugares (me consta el caso de La Rioja, Navarra, Soria y Burgos). También en estas provincias aparecieron las primeras investigaciones sobre la represión franquista, por lo general al margen de la Universidad.
Luego el desarrollo de la MD ha sido diverso según los territorios. En Cataluña, la principal asociación memorial, la ARMHC, se disolvió en 2020 por considerar que allí ya se habían logrado los principales objetivos; en cambio, en Cantabria no se ha hecho gran cosa. En Castilla y León no se puede decir lo mismo, pero hay zonas como la Ribera, al sur de Burgos, donde hace tiempo que han sido exhumadas casi todas las fosas comunes (por distintos motivos, es imposible localizarlas todas. Fernando Martínez lo explica y señala que aún quedarían restos de unas 13.000 personas por buscar). Y quedan varios flancos abiertos, alguno de los cuales he abordado en esta columna. Llama la atención que la fiscalía especial que se creó hace un par de años, no haya tenido alguna actuación relevante, salvo investigar ahora (!) la vinculación del franquismo con los campos de concentración nazis, mientas que aquí ignoramos qué resultados han tenido las actuaciones judiciales en casos de exhumaciones recientes hechas en España.
En Salamanca, por suerte, la ya larga y constante ejecutoria de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia presenta un balance bastante meritorio, de cuyo alcance puede dar una idea la consulta de su página web.
