El juez Peinado pide al Supremo investigar a Bolaños

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pudo haber mentido cuando prestó declaración como testigo en abril sobre la contratación de la exasesora Cristina Álvarez. Por ello, a través de una exposición razonada, solicita que el Tribunal Supremo (TS) investigue si pudo haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos y falso testimonio.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid eleva la petición al TS porque es el órgano judicial que tiene tiene competencia para investigar a Bolaños, debido a su condición de aforado derivada del cargo político que ocupa.

El ministro de Justicia compareció ante el juez Peinado como testigo dentro del proceso judicial que trata de esclarecer si hubo irregularidades en la contratación de Álvarez como asesora de la mujer del presidente. En aquel momento, fue el propio magistrado el que se desplazó hasta Moncloa para tomarle declaración y, durante sus explicaciones, Bolaños negó haber tomado parte en el proceso. Aseguró, además, que la contratación se ajustó a la ley.

Sin embargo, el magistrado considera que Bolaños “no ha contestado a la verdad” sobre quién realizó el contrato, y agrega que, en un principio dijo desconocer el dato pero que, tras una pausa, facilitó un nombre. En concreto, señaló como responsable al coordinador de personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz Silva, quien negó los hechos cuando, posteriormente, declaró como testigo. Por ello, el instructor señala indicios de falso testimonio en la comparecencia del ministro, que califica de “incierta”.

A este respecto, la exposición razonada añade que Bolaños incurrió en “reticencias maliciosas” para omitir respuestas “correctas”, a pesar de estar declarando “como testigo, y bajo juramento”.

En cuanto al presunto delito de malversación, el magistrado explica que las “retribuciones” de la asesora procedieron de dinero público, de “los presupuestos generales del Estado”, incluso a pesar de haber desarrollado funciones “de carácter estrictamente privado” para Begoña Gómez. Su contratación incluía asistencia para la mujer de Sánchez, sí, pero sólo como “personal eventual con funciones de directora de programas”.

Existe malversación, detalla el magistrado, cuando cualquier responsable de las administraciones incumple el “correcto destino del patrimonio público” y, en este sentido, Bolaños, como secretario general de la Presidencia cuando se contrató a Álvarez, “tenía bajo su responsabilidad esa correcta administración del patrimonio público”, pues “estaba a su cargo”.

Asimismo, el instructor pide que el investigado facilite “cuanta documentación se encuentre a su alcance sobre el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez”.

También corresponderá al Supremo decidir si el ministro sigue como investigado en la causa o pasa a ser imputado algo que, de nuevo, debe gestionar dicho tribunal por el aforamiento de Bolaños.