La política migratoria vuelve a incendiar el debate en el Congreso. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, calificándolo de medida «a granel» y sin los filtros de seguridad necesarios.
Las críticas del PP: Seguridad y antecedentes
Feijóo ha puesto el foco en la seguridad ciudadana, criticando que el nuevo Real Decreto permita, a su juicio, la regularización de personas que han tenido problemas con la ley:
- Falta de filtros: El líder popular considera que el proceso no discrimina adecuadamente los perfiles de los solicitantes.
- Antecedentes: Ha denunciado específicamente que inmigrantes con antecedentes policiales puedan beneficiarse de este proceso administrativo. Afirma que se le darán los papeles a extranjeros que representen “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. “Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”, dijo.
- Sentido común: Según sus declaraciones, «no tiene ningún sentido» que la medida sea tan abierta, apostando por un modelo de inmigración más controlada y vinculada al mercado laboral.
La respuesta del Gobierno: «Vasallo de Vox»
La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Desde las filas del Gobierno se interpreta este giro de Feijóo como una estrategia para no perder terreno electoral frente a la formación de Santiago Abascal.
- Acusación de mimetismo: El Gobierno sostiene que el PP ha abandonado la moderación para convertirse en un «vasallo de Vox», adoptando sus marcos mentales y su lenguaje en materia de extranjería.
- Defensa del Decreto: El Ejecutivo defiende que el proceso es una cuestión de derechos humanos y pragmatismo económico, recordando que los solicitantes deben demostrar su permanencia en el país desde antes de enero de 2026.
Un clima de alta tensión
Este cruce de reproches se produce en la misma semana en la que Correos ha comenzado a gestionar las citas previas para este proceso, una medida que el PP ve con recelo y que el Gobierno defiende como un ejercicio de eficiencia administrativa y cohesión social.
