El Tribunal Supremo (TS) ha descartado este lunes prisión preventiva para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que han declarado por la mañana dentro del proceso judicial de la trama Koldo. Al mismo tiempo, el magistrado, Leopoldo Puente, confirma “sólidos indicios de criminalidad” contra ambos, pero descarta la petición de cárcel de la acusación popular, encabeza por el PP.
Asimismo, Puente considera que tanto Ábalos como García “podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas” que, según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría contado también con la presunta participación del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, como gestor de los pagos ilícitos, hechos que le llevaron a dimitir como diputado en los últimos días e incluso a solicitar la indemnización correspondiente.
No obstante, la prisión provisional no procede en este caso pues, como explica el magistrado, no se dan los requisitos establecidos por la ley. A este respecto, cree que es “razonable descartar” que los investigados vayan a cometer “nuevos hechos delictivos”. Agrega, además, que no existen indicios de que ninguno de los dos prevea eludir la justicia o de que estén ocultando pruebas. Por todo ello, “no se advierte” actualmente “el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad”, detalla el juez.
Ya existen medidas cautelares dictaminadas desde la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos y García, que Puente mantendrá, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes. Son siete las acusaciones populares las que pedían para ambos prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Por su parte, Cerdán está citado a declarar como presunto gestor del pago de las mordidas el 30 de junio. Se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho.
