He tenido la inmensa suerte de tener el mismo médico de familia desde hace 40 años. A pesar de sus vicisitudes personales y profesionales -y también de las mías y de mi familia-, su presencia constante ha sido mucho más que una referencia sanitaria: ha sido un ancla de confianza. Haber tenido siempre ahí al doctor MTG ha sido un privilegio. Y por eso siento casi como una obligación moral decirlo en voz alta: yo quiero a mi médico de familia.
Desde esa experiencia, profundamente personal pero también reveladora, creo necesario compartir algunas reflexiones sobre la situación actual de la Medicina Familiar y Comunitaria.
La Atención Primaria fue, durante décadas, uno de los grandes logros del sistema sanitario español. No se trató de un avance menor ni de una reforma cosmética: la creación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria supuso un auténtico salto de calidad. Por primera vez, el médico de cabecera dejaba de ser una figura residual o de paso para convertirse en un profesional altamente cualificado, con una visión integral del paciente, de su entorno y de la comunidad. Aquello dignificó la profesión y, sobre todo, mejoró de forma tangible la salud de la población.
Ese salto hacia adelante fue inmenso. Tan inmenso como preocupante resulta ahora el retroceso planificado que estamos presenciando.
Asistimos, con una mezcla de resignación y estupor, a cómo plazas de Atención Primaria vuelven a cubrirse con médicos sin la especialidad correspondiente. Se normaliza lo que debería ser excepcional, se rebajan los estándares que tanto costó construir y se envía un mensaje peligrosísimo: si el presupuesto aprieta, la calidad es prescindible.
La excusa oficial es conocida: “no hay médicos”. Pero es una verdad a medias que esconde una gestión negligente. Porque si hoy faltan médicos de familia, no es fruto de la casualidad ni de una catástrofe inevitable. Es la consecuencia directa de años de decisiones políticas equivocadas, de mala planificación, de decisiones cortoplacistas y de una gestión sanitaria que ha ignorado sistemáticamente las señales de alarma. En el peor de los casos, este abandono parece responder a una estrategia premeditada: dejar que el sistema público se degrade lo suficiente como para que la sanidad privada deje de ser una opción y se convierta en una necesidad de supervivencia.
Durante demasiado tiempo se han limitado plazas de formación, se han precarizado las condiciones laborales y se ha desincentivado una especialidad clave. Muchos profesionales han optado por emigrar o por abandonar la Atención Primaria ante la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la escasa capacidad de desarrollo profesional. Lo que hoy se presenta como un problema coyuntural es, en realidad, el resultado de una cadena de decisiones políticas perfectamente identificables tanto del Ministerio de Sanidad como de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.
Y, sin embargo, quienes han sido responsables de esa deriva siguen ocupando puestos públicos. Ni han asumido responsabilidades ni parece que exista voluntad real de hacerlo. Resulta difícil de entender -y más aún de justificar- que quienes han contribuido a debilitar uno de los pilares del sistema sanitario continúen gestionándolo como si nada hubiera ocurrido.
La Atención Primaria no puede permitirse este retroceso. No es solo una cuestión corporativa o profesional; es un asunto de salud pública. Rebajar la exigencia en la puerta de entrada al sistema sanitario es comprometer todo lo que viene después.
Conviene recordarlo: lo que se construyó con esfuerzo durante años se está deshaciendo ante nuestros ojos mucho más rápido de lo que pensamos. Y en ese camino, el precio lo paga siempre el mismo: el paciente. Usted mismo, querido lector, que más pronto o más tarde necesitará -necesitaremos- los servicios de un médico de familia bien preparado.
Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario jubilado
