En la sesión de conclusiones del juicio por el caso de las mascarillas, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dibujado un escenario de corrupción sistémica en el antiguo Ministerio de Fomento. Durante su intervención ante el Tribunal Supremo, Luzón ha calificado al grupo de acusados como una «organización criminal» que operaba bajo el amparo del cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno.
El fiscal ha definido los roles dentro de la red, rechazando las acusaciones de Víctor de Aldama que situaban al presidente del Gobierno en la cúspide. Según el Ministerio Público, la estructura funcionaba de la siguiente manera:
- José Luis Ábalos: Definido como el responsable de las decisiones, quien permanecía «habitualmente parapetado» tras su asesor para evitar la ejecución directa de los delitos.
- Koldo García: Descrito como la «sombra» y «mano derecha» del exministro. Actuaba como el interlocutor esencial cuyo poder emanaba directamente de la autoridad de Ábalos.
- Víctor de Aldama: Señalado como el «elemento corruptor» que conectaba sus intereses privados con la Administración Pública para beneficio propio y de terceros.
A pesar de la declaración del comisionista, Luzón ha negado la existencia de un pacto previo para reducir su condena, y afirma que que se limita a la «estricta aplicación de la Ley». Aunque el fiscal reconoce que el testimonio de Aldama ha sido útil para avanzar en la instrucción, considera que la prueba acumulada es tan «abundante» y «demoledora» que su confesión no resulta decisiva para acreditar los hechos. Por este motivo, la Fiscalía ha optado por mantener su petición inicial de 7 años de cárcel para el empresario, sin aplicarle por ahora la atenuante muy cualificada de confesión.
Peticiones de pena y delitos
La Fiscalía ha ratificado las penas solicitadas para los principales implicados, acusándolos de delitos que incluyen cohecho y organización criminal:
- José Luis Ábalos: Se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por delitos que incluyen malversación y tráfico de influencias.
- Koldo García: El Ministerio Público solicita 19 años y medio de cárcel.
- Víctor de Aldama: Mantiene la solicitud de 7 años de privación de libertad.
Luzón ha concluido afirmando que la relación entre los tres acusados nació de la oportunidad de obtener un «beneficio mutuo» mediante el cobro de «mordidas» en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
